Delitos de Drogas

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Preguntas frecuentes sobre cargos por drogas

P: ¿Cuál es la labor de un “gran jurado” en un caso por drogas?

R: Un gran jurado es un grupo de personas al que se le presenta evidencia relativa a una presunta actividad ilícita y se le solicita que decida si existe “causa probable”, es decir, la creencia razonable de que se ha cometido un delito. Si el gran jurado decide que hay suficiente evidencia para juzgar a una persona, declarará procedente la acusación por un delito particular. La Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos ordena que los cargos por todo delito “infame” y castigado con la pena capital, se deben aplicar mediante una acusación formal emitida por un gran jurado. La enmienda se ha interpretado como el requerimiento de una acusación formal, a través de la cual se aplican los cargos por todo delito federal, incluidos cargos federales por drogas, a menos que el imputado renuncie a su derecho a ser acusado. Sin embargo, la Corte Suprema ha concluido que los estados no están obligados a cumplir esta parte de la Quinta Enmienda.

P: ¿De qué manera el fiscal decide qué casos por drogas llevar a juicio?

R: Lo primero que busca el fiscal es un caso legalmente sólido o uno sin defectos obvios que hagan que el caso sea desechado en tribunales, como por ejemplo, violaciones de los derechos constitucionales del acusado o destrucción de evidencia crucial para la defensa. A continuación, el fiscal decide si hay suficiente evidencia, con relación a la cantidad y calidad de ésta, para obtener una probable condena. Finalmente, decide si llevar el caso a juicio encaja con los objetivos de política de la oficina o si se necesita una disposición más informal, como una asesoría o tratamiento contra las drogas.

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Cargos federales por drogas

El sistema judicial de Estados Unidos se divide en tribunales (cortes) estatales y federales. Si una persona acusada de un delito relacionado con drogas es procesada o no en el sistema penal federal o estatal, depende de las leyes que se violaron y de las políticas y procedimientos de cada sistema judicial. De los millones de procesos judiciales por delitos graves presentados cada año, sólo un pequeño porcentaje se registra en el sistema federal. Generalmente, un comportamiento criminal particular violará tanto la ley estatal como la ley federal. En teoría, el infractor podría ser procesado en ambos sistemas por la misma actividad criminal, pero en la práctica rara vez sucede. La mayoría de los fiscales federales y estatales dividen los cargos penales en base a la disponibilidad de recursos, a qué ley se ajusta mejor a la conducta delictiva, al castigo disponible en cada sistema y a las consideraciones políticas de cada sistema. Si es acusado de un delito relacionado con las drogas, es crucial que se comunique con un abogado con amplia experiencia en ambos sistemas.

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Allanamientos e incautaciones en casos de drogas

La Cuarta Enmienda de la Constitución protege a un individuo de allanamientos e incautaciones injustificadas relativas a su persona o propiedad. Un allanamiento puede involucrar una inspección de la persona, su entorno o propiedad y la incautación se refiere a mantener a la persona o propiedad bajo custodia policial. Generalmente, pero no siempre, una incautación inválida es aquella que fue precedida por un allanamiento inválido.

En muchos casos de drogas, el arresto y la evidencia utilizada para respaldar una convicción, generalmente es el resultado de un allanamiento e incautación. Sin embargo, si la conducta del gobierno violó los límites constitucionales, la evidencia puede ser considerada inadmisible y los cargos podrían desecharse o existiría la imposibilidad de probarlos. Un abogado penalista experimentado puede ayudar a sus clientes a determinar si la evidencia que condujo a un cargo por drogas, podría ser el resultado de un allanamiento o incautación inapropiada y responder todas las otras preguntas relativas al proceso de justicia penal en casos de drogas.

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El rol del gran jurado en casos de drogas

La Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos ordena que los cargos por todo delito “infame” y castigado con la pena capital, se deben aplicar mediante una acusación formal emitida por un gran jurado. La enmienda se ha interpretado como el requerimiento de una acusación formal, a través de la cual se aplican los cargos por todo delito federal, incluidos cargos federales por drogas, a menos que el imputado renuncie a su derecho a ser acusado. Sin embargo, la Corte Suprema ha concluido que los estados no están obligados a cumplir esta parte de la Quinta Enmienda. Aunque en la sala del gran jurado no puede haber asesoría legal para la persona cuyas acciones están sujetas a la audiencia, ni para los testigos que declaran ante el gran jurado, un abogado penalista experto puede proporcionar asesoría en ausencia del jurado y explicar en qué consiste la audiencia ante el gran jurado, haciendo que la experiencia sea menos aterradora e incierta.

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¿Porqué un tratamiento podría ser mejor que el encarcelamiento para los que han cometido delitos relacionados con drogas?

De acuerdo a la Oficina de Estadísticas de Justicia, cuesta un promedio nacional superior a US$20.000 anuales encarcelar a un delincuente. Con los aproximadamente 150.000 reos actualmente en prisión por el delito de posesión de drogas, Estados Unidos está gastando cerca de US$3.000.000 cada año para encarcelarlos. La investigación ha indicado que por cada dólar invertido en programas de tratamiento de adicciones se ahorran entre cuatro y siete dólares al reducir los delitos relacionados con drogas, costos de justificación penal y robos. Con tales ahorros impresionantes en juego, cada vez más tribunales prefieren los tratamientos contra las drogas por sobre el encarcelamiento al momento de dictar sentencia. Los abogados penalistas expertos pueden describir las opciones de tratamiento disponibles para los infractores en sus estados y hacer lo posible por optar al tratamiento en vez del encarcelamiento.

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Extradición desde Latinoamerica a Estados Unidos por delitos relacionados con drogas

Dado el alto volumen de producción y tráfico de narcóticos ilegales como la cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas de Latinoamérica a Estados Unidos, especialmente desde México o Colombia, no es infrecuente que el gobierno federal de E.U. solicite una extradición de los acusados sospechosos de participar en estos delitos. Si se encuentra en un país Latinoamericano y enfrenta una solicitud de extradición a los Estados Unidos por supuestos delitos relacionados con drogas o cree que dicha solicitud puede ponerlo en riesgo, podría querer analizar su caso con un abogado.

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